Pues ya tenemos el resultado de la investigación por parte de la CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: multa con un total de 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría y a varios de sus directivos. Nada que quienes llevamos tiempo en el sector no sospecháramos. Porque eso de asignar contratos mientras se solicitan otras dos ofertas fantasma está a la orden del día. Sin embargo, parece que en esta ocasión se han pasado de frenada y, por lo que dice la nota de prensa de la CNMC:
Durante la instrucción del caso, la CNMC ha acreditado que, entre los años 2008 y 2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional). Mediante estas, constituyeron dos cárteles diferenciados. Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas Administraciones Públicas.
Las multas son de cierto volumen ya que ascienden a 5,87 millones de euros repartidas entre 22 empresas de servicios de consultoría. Además, también hay multas específicas para personas que ocupan puestos directivos: 439.000 euros por estar involucrados en los cárteles. El proceso incluye activar «el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas».
De las 22 empresas de consultoría implicadas, un buen número de ellas se agrupan en el «cártel de la red de colaboración norte». En él «se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya». La metástasis era evidente: el tumor había alcanzado el torrente sanguíneo y la máquina de repartirse contratos públicos funcionaba a pleno rendimiento.
Triste, ¿verdad? Trabajar en contratos de cierto volumen con la Administración Pública olbiga a pasar por un proceso de contratación que, ya veis, termina empozoñado. Porque, aunque las multas son para las empresas de consultoría, parece necesaria la reflexión sobre quienes están contratando, ¿no? Y podemos hablar tanto de personas concretas como del sistema en su conjunto. La mierda se esparce y me da que salpica a un buen número de partes involucradas.
¿Quiénes aparecen en la lista de consultoras multadas? Puedes ver la relación completa en la noticia de la CNMC, pero por volumen destacan:
- Deloitte Consulting, con casi cuatro millones de multa (la mayor con mucha diferencia), y PriceWaterhouseCoopers e Idom, con algo más de 600.000 euros en cada caso.
- Bmasi Strategy, la empresa de Sabin Azua, que recibe una multa de 150.000 euros. Mal ejemplo, muy malo.
- 97S&F y KPMG Asesores, con 70.000 y 50.000 euros de multa respectivamente.
Como digo, hay más empresas implicadas y, por supuesto, esto es un botón de muestra de lo que sucede. La costumbre de contratar y pedir dos ofertas más para salir del paso está completamente extendida. Son años y años de jugar así. Por eso digo que esto no le puede extrañar a nadie. Eso sí, repartirse además las licitaciones ya es desbordar la indecencia. Lo curioso es que si nos vamos a las webs de estas empresas encontraremos pomposas declaraciones de valores que dejan a las claras… ¡su hipocresía!
La noticia de la CNCM incluye un mapa para ver las conexiones tejidas entre esta cuadrilla de amiguetes.
Pues eso, esto también es consultoría. Lamentablemente.